LP.- José Miguel Suárez Gil ha logrado frenar momentáneamente su posible reingreso en prisión. El empresario fue citado en el Juzgado de lo Penal número 4 de Las Palmas de Gran Canaria para requerirle su ingreso voluntario en la cárcel, pero el expresidente

de la Cámara de Comercio de Las Palmas no se presentó por problemas médicos. Sí lo hizo su abogado, Eduardo López Mendoza, para recurrir el auto judicial que ordena el "inmediato cumplimiento" de la pena de cárcel. El exdiputado regional está condenado a un año de reclusión por amenazar y coaccionar con una pistola a su expareja, la abogada penalista Josefina Navarrete.

La ejecución de esa pena, que es producto de una sentencia de conformidad dictada el 14 de septiembre de 2011, estaba suspendida por el Juzgado de lo Penal número 4, pero el "incumplimiento" de la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de Navarrete ha motivado que la juez, a petición de la fiscal Beatriz Sánchez, revoque el beneficio de la suspensión y decrete el ingreso en la cárcel de Suárez Gil. Ese auto es el que ahora ha recurrido en reforma López Mendoza para tratar de paralizar el encarcelamiento de su cliente, que ya estuvo dos semanas en prisión provisional por encañonar a Navarrete con una pistola.

El letrado alega que Suárez Gil no ha incumplido de manera voluntaria la orden de alejamiento, sino que las incidencias transmitidas por su brazalete electrónico al centro de control telemático obedecen a un "incorrecto funcionamiento del sistema". El abogado presentaba ayer su escrito mientras el empresario comunicaba al Juzgado que no podía comparecer por problemas cervicales. Al parecer sufrió el viernes de la semana pasada un accidente de coche en la capital grancanaria.

El argumento alegado ahora por la defensa ya fue utilizado por el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital grancanaria para archivar, en diciembre de 2011, una denuncia presentada por el posible quebrantamiento de la medida cautelar, extremo que finalmente fue rechazado por el juez instructor, al considerar que no existen indicios de delito.

Sin embargo, hay abiertas diligencias de investigación por un posible quebrantamiento de condena en todos los juzgados de instrucción capitalinos. Se trata de unos 12 procedimientos penales, incoados por las "numerosas" incidencias denunciadas por el centro que vigila los movimientos de Suárez Gil. Muchas de esas incidencias son de carácter "grave", pues revelan que el condenado ha entrado en la zona de exclusión al acercarse demasiado a la víctima. También hay casos en los que aparentemente se ha quitado la pulsera electrónica.

Navarrete aseguró ayer que el centro de control Cometa ha comunicado casi 200 incidencias, pero sólo las graves han sido remitidas a los juzgados de instrucción.

Armas
Además, en el marco de este cruce de denuncias que mantiene enfrentados a Navarrete y Suárez Gil, el empresario también está imputado por un delito de tenencia ilícita de armas en el Juzgado de Instrucción número 6. Se trata de las escopetas que la Policía Nacional halló en la residencial familiar de Tafira en enero del año pasado, cuando varios agentes irrumpieron en el chalé y desarmaron al exdiputado, que en ese momento apuntaba a su esposa. La voz de alarma la dio una amiga de Navarrete.

En cualquier caso, la suerte de todas esas causas penales no está vinculada al auto que ordena el ingreso en prisión de Suárez Gil. La juez Patricia Bezos tiene que decidir, la próxima semana, si mantiene su decisión o acepta el recurso de la defensa. Su auto y el informe de la fiscal parecen contundentes: "Hay un incumplimiento grave y reiterado de la pena impuesta por los numerosos incumplimientos de la orden de alejamiento entre el 29 de noviembre de 2011 y el 28 de mayo". Fuente: LP